jueves, 27 de junio de 2013

En los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki sólo están presos quienes apretaron el gatillo

Dos policías bonaerenses cumpliendo condena de prisión perpetua -entre ellos un comisario con 25 años de trayectoria en la fuerza-, el ex jefe de la SIDE confesando que la represión de aquel 26 debía ser "un caso testigo que para reafirmar la autoridad del Estado" y la decisión de no acusar ni citar al ex presidente Eduardo Duhalde y buena parte de los funcionarios de su gobierno implicados en el planeamiento de la masacre, sintetizan, por oposición, las luces y sombras tras el juicio que se realizó entre mayo de 2004 y enero de 2006 en Lomas de Zamora. Contradictoriamente, la Justicia bonaerense reconoció la necesidad de ampliar la investigación pero determinó no recorrer ese camino. En tanto, el actual presidente Néstor Kirchner -pese a que durante su mandato volcó en repetidas ocasiones opiniones públicas respecto del accionar de la justicia- eligió mantenerse siempre al margen del juicio. "La policía responde en su accionar al poder político", declaró como testigo el 10 de julio de 2005 el ex secretario de seguridad bonaerense Juan Pablo Cafiero. Esa frase podría haber despejado la honesta duda de quien aun la tuviera. Los resultados del operativo represivo son por demás conocidos: dos muertos y más de treinta heridos de bala de plomo. ¿De donde provino la orden política de llevar adelante tal cacería? "Darío y Maxi, Dignidad piquetera", investigación en formato de libro realizada por los MTD’s que hoy componen el Frente Popular Darío Santillán, brinda sobrada -y probada- información al respecto. Las más de ochenta jornadas públicas del juicio en Lomas brindaron más pistas a quien quisiera oírlas. Carlos Soria, titular de la Secretaría de Inteligencia en junio de 2002, se explayó en Lomas sobre el informe que la dependencia a su cargo había elaborado con informes sobre las organizaciones piqueteras en los días previos a la masacre. El texto -que leyó el propio funcionario durante el juicio- aconsejaba al gobierno de Duhalde que el accionar de las fuerzas de seguridad de aquel 26 fuera "un caso testigo para reafirmar la autoridad del Estado". El jefe de Inteligencia amplió sus argumentos, caracterizando el momento social agitado, según la visión del gobierno provisional que encabezaba Duhalde: "Se estaba radicalizando la protesta cada vez más y se estaban empezando a integrar los diferentes reclamos, piqueteros, asambleas, ahorristas... Eso constituía un “peligro institucional para la democracia" agregó. En síntesis: la SIDE marcó por escrito la necesidad de "poner orden" a cualquier precio, que el propio Duhalde había manifestado a los medios días antes de aquel 26. Dividiéndolo en dos, hay que decir que el juicio no dejó dudas respecto de quienes llevaron a la práctica el plan: el comisario Alfredo Fanchiotti y su chofer, el cabo Alejandro Acosta, recibieron una pena de prisión perpetua. El resto de los integrantes de la patota también fueron condenados. La contracara fue y sigue siendo la actitud de la justicia respecto de las responsabilidades políticas. El Fiscal del juicio desarrolló una sesgada interpretación de la ley para evitarse citar a los políticos implicados. Una vez terminado el maratónico juicio, las actas fueron remitidas al juzgado Nº 10 de los tribunales federales, donde la causa está estancada hasta la fecha. A consecuencia de la planificada ausencia de funcionarios, el juicio dejó numerosos cabos sueltos para dilucidar la cadena de responsabilidades políticas. Repasamos solo algunos: Los tres llamados recibidos el 26 de junio de 2002 en el celular de Franchiotti provenientes de la sede Billinghurst de la SIDE, a la hora en que se iniciaba la represión. Allí prestaba servicio Oscar Rodríguez, segundo de la secretaria e intimo amigo del presidente Duhalde. El ex Secretario de Seguridad, Juan José Álvarez, nunca explicó cuales fueron las evaluaciones políticas que lo llevaron un comando único con cuatro fuerzas de seguridad - Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y bonaerense - para "contener" una protesta callejera aquel mediodía en Avellaneda. Los jefes de las tres fuerzas federales que participaron del operativo no fueron capaces de precisar cuales fueron las órdenes dadas por Álvarez. Álvarez, Jorge Matzkin, Atanasof y Duhalde no explicaron nunca que objetivo perseguían con la campaña de acción psicológica que montaron en los días previos a esa movilización. El entonces ministro de Justicia Jorge Vanossi, no explicó aún como fue que su denuncia por "atentado a la democracia", presentada un día después de los hechos contra las organizaciones de desocupados estaba preparada varios días antes de la represión. Cuatro policías -entre ellos dos comisarios- reconocieron durante la audiencias haber participado de una reunión con un agente de la SIDE en las cercanías del Puente Pueyrredón, donde se ultimaron los "detalles" de la represión que terminaría con dos muertos. No en vano el rol de la secretaría jamás fue lo suficientemente clarificado. Es la puerta de acceso al circuito político de planificación previa a la represión y las muertes. Si bien la movilización y la permanente reivindicación de los militantes asesinados por parte de las organizaciones populares han logrado la condena de los autores materiales hay, a 5 años de aquella jornada, demasiadas cosas sin explicar. Por parte de los duhaldistas, sean o no kirchneristas actualmente, el silencio se justifica: nadie se auto incrimina. De parte del kirchnerismo, sector que proclama el respeto a los derechos humanos y la no represión a la protesta social, tal vez se justifique por el hecho que la masacre no ocurrió treinta y pico de años antes, o tal vez sea parte de las omisiones que exige hoy la gobernabilidad a cualquier costo, bajo cualquier alianza... Lo claro es que aquí, nadie investigó "caiga quien caiga", ni el propio autor de la frase.

Fuente: Nac&Pop

miércoles, 26 de junio de 2013

martes, 25 de junio de 2013

domingo, 23 de junio de 2013

sábado, 22 de junio de 2013

Australia legalizó el género sexual "neutro"

La Justicia de Australia acaba de aprobar una norma que cambia la historia en cuanto a la consideración de la sexualidad refiere. Tras la presentación de un ciudadano, un tribunal le dio la razón a una persona de 50 años, de nombre Norrie May-Welby, que demandó que no fuese obligatorio ser registrado de forma oficial como hombre o mujer en los documentos de nacimiento, matrimonio o defunción. Norrie May-Welby La decisión da reconocimiento legal a las personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, sino que, como el demandante, se identifican con un género de tipo neutro. El reclamo contó con el apoyo de una asociación (a la que pertenece Weiby) que defiende una nueva concepción de la educación sexual y de género. Ya en 2010 May-Welby había sido reconocido por el Estado como persona sin género, pero en 2011 un presentó una apelación que el Tribunal aceptó en relación a que pese a que May-Welby “se percibe a sí mismo, y es percibido por los demás, como alguien de sexo no específico, algo que también refleja el diagnóstico médico”, las leyes “no deberían someterse a las variaciones sociales, médicas o científicas de cada época”. May-Welby volvió a apelar, para definitivamente volver a ratificarse la sentencia a su favor. Norrie dijo que si bien la mayoría de personas son expresamente hombre o mujer, la ley también debe cubrir “a los que no son ni lo uno ni lo otro”. Nacido hombre hace 52 años, convertido en mujer a los 28 años, Norrie May-Welby se sentía tan desgraciado siendo hombre como mujer. Decidió dejar su tratamiento hormonal para convertirse en “neutro”. Norrie se ve a si mismo/misma como un/a anarquista andrógino. “Los conceptos de hombre y mujer no me corresponden. La solución más sencilla es no tener ninguna identificación sexual”. Y añade: “No me identifico ni como hombre ni como mujer. Soy femenino/femenina y masculino/masculina”. Después de haber ganado su larga contienda judicial, Norrie quiere hacer anular la obligación de hacer constar en los certificados de nacimiento el sexo masculino o femenino del inscrito. El Estado de Nueva Gales del Sur le ha dado la razón y ahora ya se puede registrar como “sexo no especificado”. Emily Christie, una de las abogadas de Norrie se felicita: Es la primera decisión judicial que reconoce que el sexo no es binario. No hay únicamente “hombres” y “mujeres”. Esto va a tener repercusiones importantes en las leyes y en los documentos oficiales”.

Fuente: Infonews