Informe sobre la marcha contra las políticas de Cambiemos en la Argentina

Los asalariados usan los pesos de incrementos paritarios para comprar dólares

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La primera señal apareció el viernes 29 de marzo. Se repitió el lunes siguiente. Y también el miércoles 3, tras el feriado. En los principales bancos del sistema financiero notaron un salto en la demanda de dólares por parte de los pequeños ahorristas. Lo que en la jerga se conoce como "el chiquitaje".

En algunas entidades percibieron que esas compras de billetes verdes se triplicaron. En otras, se llegó a multiplicar por cuatro. La estimación de los banqueros es que durante esas jornadas se expendieron entre u$s80 y u$s100 millones diarios.

No se trata de un monto que pueda, de por sí, provocar un terremoto en el sistema financiero. Al menos, no en el corto plazo, pero claramente se trata de una dinámica si se prolongara en el tiempo tornaría inviable el plan económico de estabilización financiera. En otras palabras, que no alcanzarían los dólares para satisfacer ese nivel de demanda.

La conclusión que sacaron en las entidades financieras refiere a que esa ola de compras fue encabezada por pequeños inversores, quienes -apenas cobrado el sueldo, en la mayoría de los casos con incremento por la entrada en vigencia de los acuerdos paritarios- no dudaron en ingresar al home banking para pasar a dólares una porción de su dinero.

Para los financistas, se trató de una reacción defensiva de quienes, una semana antes, habían sido testigos pasivos de un nuevo salto del tipo de cambio.

El cuadro se completa con una retracción de la oferta. Por ahora, la esperada liquidación de la cosecha de soja no ha dejado de ser una promesa. Los volúmenes de liquidación lucen pequeños, pero la cosecha recién ha comenzado.

"La gente ya se quemó el año pasado. La mayoría perdió con la devaluación. Nadie pensó que el billete verde subiría 100%. Y, ahora, apenas se mueve, los que pueden compran", razona con lógica el director de uno de los bancos líderes de la City porteña.

"Hay de todo: están quienes atesoran porque se les vence un plazo fijo y aquellos que compran ahora especulando con una suba sostenida para vender apenas necesiten el dinero", completa el banquero.

El rápido reflejo de los clientes es monitoreado de cerca en los bancos. Y también desde el BCRA. Tanto, que hay comunicaciones informales, pero regulares, entre las instituciones más grandes y Reconquista 266.

Otro banquero, también con un puesto clave en la casa central de una de las entidades más grandes del país, da algún detalle adicional de lo que percibió en las últimas jornadas. "La gente reacciona al instante. Durante los días que sube el dólar desde temprano, las compras de los pequeños inversores se notan a partir del mediodía", cuenta.

El financista, veterano ya, rememora que, unas décadas atrás, la gente observaba la pizarra de los bancos, para ver si la cotización se movía y recién ahí tomaba una decisión. Desde hace algún tiempo, la velocidad de las decisiones viaja a la velocidad de la luz.

Esa demanda de billetes verdes se canaliza desde dos lugares: las cajas de ahorro y los plazos fijos. Por eso la obsesión del Gobierno por mantener la estabilidad cambiaria: hay una porción del ahorro de los argentinos que es muy sensible a los cambios en la cotización de la divisa estadounidense.

De hecho, puede afirmarse, sin riesgo a la equivocación, que el mercado cambiario argentino es el único caso mundial donde la ley de oferta y demanda se aplica al revés: se exacerban las compras cuando sube el precio.

Esta realidad es la que le da marco a quienes creen que sería prácticamente indetenible una espiral alcista del dólares cuando el "chiquitaje" entra en pánico.

Palpitando la demanda preelectoral

Los distintos escenarios sobre dolarización masiva, en medio de la incertidumbre económica y la campaña electoral, son evaluados periódicamente en los principales bancos y en los despachos oficiales.

Según comentan dos banqueros, tanto ellos como funcionarios del BCRA coinciden en que, en el peor escenario, la dolarización podría trepar en los próximos meses a los u$s15.000 millones.

Ese monto luce optimista, incluso manejable, si se lo compara con algunos ejercicios realizados por respetables consultores del microcentro porteño.

Así y todo, si se diera una demanda de ese volumen -creen en los bancos- el tipo de cambio podría saltar tranquilamente hacia el techo de la "zona de no intervención", que hoy roza los $51.

El gran tema que quita el sueño a los banqueros, y que los obliga a plantearse escenarios casi a diario, refiere a lo que podría suceder con los plazos fijos en pesos.

Coinciden los financistas y las autoridades oficiales que son esas inversiones las que ahora, en medio de la campaña y la incertidumbre, podrían correr al dólar.

De hecho, se trata de la misma búsqueda de refugio que suele verse en la Argentina cada vez que hay elecciones, una carrera que se potencia cuando se define el nombre del próximo Presidente.

Todos en la City recuerdan que, durante 2011, el mismo año que Cristina Kirchner fue reelegida con el 54% de los votos, la dolarización en los meses previos a las elecciones alcanzó la friolera de u$s3.000 millones. Durante 2017, previo a las legislativas, hubo meses con montos similares, que incluso fueron superados el año pasado. Ya sin comicios pero sí con la desconfianza por la crisis.

La ecuación cambió en los últimos meses, una vez que ocurrió la devaluación y se puso en marcha el súper apretón monetario. Los argentinos pasaron a disponer de menos pesos en los bolsillos para comprar dólares. Salvo cuando cobran el sueldo o si cancelan los plazos fijos. Por ahora, y de manera incipiente, se dio algo de la primera opción.

Sin embargo, los banqueros están atentos a lo que pueda suceder con las colocaciones superiores al millón de pesos, que son ahorros de las empresas o bien depósitos de los Fondos Comunes de Inversión (FCI).

Según una estimación de la consultora MacroView (Melconian & Santángelo), de los $777.000 millones de los plazos fijos de más de $1 millón, los individuos poseen $261.000 millones y las empresas, el resto, es decir, unos $516.000 millones.

Sobre la demanda potencial de dólares para los próximos meses se vienen haciendo distintos ejercicios. iProfesional tuvo acceso a una simulación realizada en conjunto por dos bancos líderes del sistema. Les dio que, como máximo, podrían dolarizarse unos u$s15.000 millones hasta las elecciones.

La mayor parte provendría de los grandes inversores locales e internacionales e, inclusive, de aquellos que poseen el dinero en los FCI.

"En los momentos de stress que se dieron en los últimos años, los plazos fijos no cayeron más que el 10%. Ahora suponemos que podría darse una baja de hasta 20% e, incluso, del 25%. Pero así y todo sería manejable", insiste un reconocido director de uno de los bancos líderes, en diálogo con iProfesional.

La economista Marina Dal Poggetto, directora del estudio Eco Go, tiene números más pesimistas. ¿Cuántos pesos se pueden ir al billete verde? En un ejercicio teórico donde el riesgo político escala y se potencia la dolarización de carteras, el total de pesos que podrían ir a buscar activos en esa moneda estaría en torno a los $1,26 billones.

Algo así como u$s30.600 millones al tipo de cambio actual, frente a reservas netas por u$s21.000 millones.

El escenario de Dal Poggetto incluye que el 35% de los plazos fijos podría dolarizarse ($400.000 millones). Y que inversores que tienen en su poder bonos en pesos (en su mayoría Lecap) podrían vender alrededor de $600.000 millones. Este billón de pesos (entre plazos fijos y bonos en pesos) es el que potencialmente podría ir a la divisa si se incrementa la incertidumbre preelectoral.

Algunos banqueros tienen otro punto de vista. Más que a la compra masiva de dólares, a lo que le tienen miedo es a una eventual salida de depósitos en dólares del sistema bancario. "Es la gran preocupación", admite el mismo banquero, que pide resguardo de su identidad.

En la actualidad, los depósitos en dólares del sector privado totalizan u$s30.000 millones. Se mantienen en un nivel próximo al récord. Y los financistas cruzan los dedos para que, a pesar de la campaña, esos billetes se queden donde están.

Fuente: iProfesional

El Central espera con ansias los dólares del Fondo para contener futuras corridas

En la calma del ojo de un huracán cambiario, el Gobierno espera con ansias que el board del Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe hoy en Washington el cuarto desembolso por u$s10.800 millones del crédito stand by que pidió hace menos de un año y buscará que el organismo le de el aire necesario para poner esos dólares a circular y controlar el tipo de cambio.

El Banco Central mantiene las expectativas altas: buena parte de ese monto será subastado por el Tesoro en dosis diarias de u$s60 millones que totalizarán u$s9.600 millones hasta diciembre. De esta manera, la autoridad monetaria espera poder controlar eventuales corridas que enciendan la cotización del dólar.

Fuente: Buenos Aires Económico

Tensión en Cambiemos. La UCR podría alejarse de Macri y apoyar a otro candidato

Glovo, Rappi y PedidosYa temen al blanqueo de repartidores ¿pertenecen a Gastronómicos o Camioneros?

No es un "boom" argentino. La expansión de las plataformas digitales de delivery es un fenómeno que crece en todo el mundo. Y, al mismo ritmo, también aumenta a nivel global la polémica sobre el encuadre dentro de la legislación laboral de los miles de repartidores.

En las últimas horas, otro país se sumó a la embestida contra la modalidad de contratación autónoma: España, que ordenó que se incluyan a los trabajadores dentro del Acuerdo Laboral de Hostelería (equivalente al rubro gastronómico en el plano local).

En el Boletín Oficial quedó plasmado que se contemple a los repartidores "a pie o en cualquier tipo de vehículo (...) como prestación de servicio propio del establecimiento o por encargo de otra empresa, incluidas las plataformas digitales o a través de las mismas".

La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) destacó que, de este modo, miles de personas salen del "limbo legal" y pasan a ser consideradas personal encuadrado en esa rama de actividad.

Como era de prever, la noticia retumbó en el arco gremial argentino que, por estas horas, se encuentra reclamando ante las aplicaciones la reincorporación de los 450 cesanteados por PedidosYa, la única de las tres empresas que tenía a los repartidores en relación de dependencia.

"Es la misma discusión que se da aquí. En España, la disputa debe haber sido por un caso de alguien que se desempeña en un hotel. Acá habría que ver dónde trabaja el repartidor y cuál es el convenio colectivo aplicable", explica Juan Carlos Cerutti, a iProUP.

En la Argentina, el "limbo legal" continúa. No sólo hay enfrentamientos entre los gremios y las empresas sino dentro de los propios sindicatos para ver "quién se queda" con la representación de los trabajadores de estas plataformas, que cada día son más.

Se trata de un negocio en franca expansión. Según las propias empresas, los pedidos aumentan a una tasa del 25% mensual, lo que da lugar a un notable crecimiento a lo largo y ancho del país, más allá de la incorporación de nuevos negocios a su core business.

¿Se viene el estallido?

Tal como diera cuenta iProUP, son varios los gremios que reclaman la representación de los repartidores y denuncian una relación de dependencia "encubierta" ante la exigencia de las apps de que estén inscriptos en Monotributo y facturen por sus servicios.

Las primeras protestas tuvieron lugar en Castillo al 1200, en el barrio porteño de Villa Crespo, sede de Rappi. Allí, los ciclistas se nuclearon bajo la Asociación del Personal de Plataformas (APP), una agrupación ad hoc que exige la incorporación inmediata a la planta de la compañía.

En el centro de la escena se instaló además la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM), que reclama la tutela de todos los repartidores y que cuenta con el aval de Hugo Moyano.

El líder camionero apoyó la protesta del sindicato "motoquero" en las puertas de PedidosYa –en la calle Gurruchaga al 1700–, que solicitaba "la reincorporación de los 450 cesanteados".

"ASiMM nuclea a los 'motoqueros' y nació dentro de las empresas de mensajería. Por otro lado está el personal de plataformas (APP), que al no tener personería gremial no puede firmar un convenio colectivo", explica Juan Carlos Cerutti, abogado experto en derecho laboral. "También está UTHGRA (gastronómicos y hoteleros) y el de heladerías. Hay varios convenios que tienen la figura del delivery", añade.

De todos ellos, ASiMM es el que reclama con más fuerza. No sólo mantiene tomada la sede de PedidosYa, sino que enfatiza que es el único sindicato que puede exigir la tutela del sector.

"La actividad de mensajería y reparto domiciliario no está regulado en ningún país del mundo, salvo en Argentina, donde sí está regulada por leyes, decretos, y resoluciones que indican que el convenio colectivo de trabajo correspondiente a dichas actividades es el de ASiMM", afirman desde el sindicato a iProUP.

De acuerdo con el gremio, "PedidosYA llegó a tener 1.800 trabajadores encuadrados en convenio. Pero ahora transita un fuerte proceso de reestructuración y precarización, sustituyendo a la relación de dependencia por la figura del Monotributo".

Todo se reduce a una cuestión de rentabilidad. Si estas empresas "blanquean" a sus repartidores, el negocio se termina. En efecto, PedidosYa, que la única de las tres que contaba con personal de planta, no pudo soportar este esquema y debió cesantear a 450 de sus 1.100 repartidores.

Empleados o autónomos

Entre los laboralistas, hay fuertes discrepancias sobre el marco laboral que debería regir al sector. 

"Estas plataformas operan dentro de lo que se llama 'trabajo colaborativo', en el que las app son una mera intermediaria entre los riders, que son personal autónomo, y los comercios, que a través de estas apps venden a una mayor cantidad de clientes", afirma Solana de Diego, del estudio Julián De Diego y Asociados.

En diálogo con iProUP, argumenta: "No estamos hablando de trabajadores en relación de dependencia sino de autónomos que fijan su propio horario, eligen cuándo conectarse, qué pedido tomar o rechazar y no reciben ningún tipo de sanción disciplinaria".

En la vereda de enfrente, remarcan que esa figura no está presente en la ley local, por lo que no sería aplicable y las empresas están claramente en falta.

"No existe un trabajo 'colaborativo' en la legislación argentina. Es colaborativo cuando no representa un trabajo normal o habitual y, además, no se realiza para la misma compañía", afirma Cerutti.

En este sentido, el abogado subraya que "se debe analizar qué hacer con este modelo", porque actualmente "es una relación de trabajo no registrado" y esas compañías "están en fraude con la ley vigente". A modo de ejemplo, asegura que "en Australia, Francia o Inglaterra lo entienden así". 

Desde la otra vereda De Diego hace foco en dos aspectos:

1.- "Al haber libertad de contratación, la aplicación puede aceptar, seleccionar y empezar un contrato con ese rider. No es un sistema sancionatorio"

2.- "El repartidor acepta un contrato civil y comercial, no laboral", en tanto que los usuarios califican a un comercio y no al ciclista

Cerutti no comparte los dichos de su colega. Remarca que:

1.- "El algoritmo es manejado por la propia empresa, que es la que decide si da o no de baja a un ciclista"

2.- "Las aplicaciones hacen un control unilateral de la relación, en la que no sólo pueden aceptar o no a los ciclistas, sino también dar por terminado el vínculo"

Recuerda que para la postulación, una persona debe cumplimentar ciertos requisitos: contar con una moto o bicicleta, un celular y pagar en consignación la caja y la indumentaria. También asegura que son las plataformas quienes administran el dinero.

"Si llamás a un Rappi y lo abonás con tarjeta, ellos gestionan los fondos y, en una cantidad de tiempo determinada, van liquidando lo que sería el sueldo. Además, los repartidores tienen una tarjeta de débito emitida por la compañía para saldarle al restaurante los pedidos de la gente", se explaya Cerutti.

Por su parte, De Diego señala que no hay exclusividad de empleo, otro de los argumentos esgrimidos por los trabajadores. "Es como si los taxistas que usan la aplicación BA Taxi se los considerara empleados del Gobierno de la Ciudad", grafica.

Algunos letrados aseguran que, en caso de que un repartidor se accidente, los restaurantes u otros negocios para los que haga delivery serán solidariamente responsables en caso de un litigio o un accidente en la vía pública.

Según Cerutti, "los repartidores van a poder demandar tanto a PedidosYa como al comercio con el que trabajaba con habitualidad", ya que suelen pasar gran parte de su tiempo laboral en estos locales.

"La solidaridad rige para lo salarial. Es decir, indemnizaciones, sueldo y multas por empleo no registrado; y para las deudas sindicales, de obra social, aportes y contribuciones, incluidas las derivadas de accidentes laborales", explica a iProUP.

En medio de esta controversia legal, ASSiM se anotó el primer "poroto": la Justicia falló a su favor para la reincorporación de empleados bloqueados en la app de Rappi por actividad sindical.

De Diego critica que un tribunal haya aceptado el reclamo, ya que "se toma como válido la existencia de un gremio que estaría representando a trabajadores autónomos".

En algo sí coinciden los laboralistas: debería apuntarse a un marco normativo en el que para el trabajador de estas plataformas no estén incluidas todas las características de un profesional pleno, pero tampoco las de una relación de dependencia.

Fuente: iProUP

No se detiene la caída del consumo: la venta de electrodomésticos cayó 33% en febrero

El sector de los electrodomésticos es uno de los que más evidencia la caída del consumo. En febrero, las ventas se precipitaron un 33% interanual, con picos que alcanzaron el 45% en la comercialización de televisores.

De acuerdo con un informe de GFK Argentina, la comercialización de notebooks, PC de escritorio y tablets se redujo un 44%; cámaras fotográficas, 41%; pequeños electrodomésticos (licuadoras, microondas), 28%; grandes electrodomésticos (heladeras, lavarropas, cocinas), 25%; celulares, también 25%; y aires acondicionado, calefactores a gas, eléctricos y placas, un 21 por ciento.

Sectores industriales y cadenas atraviesan una coyuntura cada vez más grave, ya que si se comparan las ventas comerciales de febrero, respecto de enero último, hubo una rotunda caída del 30%, donde el mayor descenso fue del 57% en aires; y 31% para los televisores.

A su vez, en el análisis de los datos del primer bimestre del 2019, la retracción fue del 31,8% promedio frente a enero-febrero de 2018, donde la informática cayó el 45 por ciento.

La industria electrónica, tanto del continente como de Tierra del Fuego, proyectan una agudización de la crisis para 2019, producto del descenso en el consumo por efecto del menor poder adquisitivo y del costo impositivo y tarifario para las empresas.

Sin embargo, como sucede en general en el mercado argentino, en febrero los precios de los electrodomésticos igualmente subieron, lo cual abre las puertas para una mayor reducción de las ventas mayoristas y minoristas con la consecuente crisis en el empleo. Como ocurre con varios sectores de la economía, en la Argentina la caída del consumo no hace bajar los precios.

Fuente: iProfesional

¿Cómo combatir las noticias falsas durante las elecciones en Argentina?

El video, montado como tráiler de una serie de Netlfix, aborda el escándalo de los Panamá Papers: muestra a Pedro Almodóvar como su director y termina con una escena del presidente de la Argentina, Mauricio Macri. Pero es falso.

Al mismo tiempo, una imagen que circula por las redes sociales muestra un supuesto extracto bancario de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y una frase en la que se dan por ciertas y verificadas por la justicia argentina un par de cuentas a su nombre en un paraíso fiscal. Es falso, también.

Bienvenidos a la carrera presidencial 2019 de la República Argentina: una campaña que por ley debe comenzar el 12 de julio, pero que en la práctica ya comenzó y despunta como una de las más competitivas. Según miembros de equipos de campaña que consulté, esta será también una de las campañas más sucias desde el retorno de la democracia en el país, en 1983.

Informaciones falsas como las anteriores circulan por Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp desde hace semanas contra Macri y Fernández de Kirchner —las dos figuras más conocidas de la política argentina—, pero también contra otros precandidatos, como Roberto Lavagna o Sergio Massa. Ataques como estos se conocen ahora como “noticias falsas”, pero circulan desde hace décadas en la Argentina como “pescado podrido” o “fruta”. La diferencia es que, estos días, se distribuyen de manera imparable por las plataformas digitales, donde son nulos (o casi) los estándares de verificación de datos.

¿Qué se puede hacer para que en las elecciones argentinas de 2019 las noticias falsas no desborden la campaña electoral, como ha sucedido en Brasil? ¿Cómo hacer para que la distracción de la desinformación no consuma el debate político, tan necesitado de propuestas claras ante los desafíos hondos que afronta el país? Existen algunos proyectos como Chequeado, un sitio digital sin fines de lucro que se dedica a la verificación del discurso público y a alertar sobre datos falsos o tergiversaciones. Se trata de una iniciativa que actúa como un antídoto necesario, pero insuficiente para las pestes de falsedad electoral.

Ni las redes sociales, los gobiernos, las regulaciones en internet, las organizaciones independientes de verificación de datos ni los medios de comunicación con rigor periodístico están preparados para desmentir o frenar el flujo de tanta desinformación. Así que la solución tiene que estar en los votantes. Las capacidades técnicas de internet para distribuir masivamente información no verificada nos obliga a cambiar como ciudadanos: ser más cautos con lo que leemos y lo que distribuimos.

Las redes sociales y aplicaciones de mensajería, como WhatsApp —el canal en el que, según un estudio durante las últimas elecciones presidenciales de Brasil, más de la mitad de los mensajes enviados con contenido político contenían noticias falsas—, a menudo ofrecen dos atractivos a quienes quieren ensuciar a un rival. El primero es el anonimato: la oportunidad de lanzar una piedra y esconder la mano con escasas o nulas probabilidades de ser atrapado. El segundo es su efecto multiplicador: una buena mentira, bien contada, puede dar la vuelta al mundo aunque su emisor sea una persona con pocos seguidores.

A ese fenómeno de viralidad y anonimato se agrega una complejidad adicional: algunas versiones poco creíbles pero atractivas a menudo circulan más rápido que los artículos que las desmienten. Un ejemplo es el reportaje falso de una mujer que supuestamente se había implantado un tercer pecho. El artículo fue desmentido con rapidez con otro texto, pero esa aclaración registró un tercio del total de clics del artículo falso.

En este contexto, periodistas y expertos independientes en la Argentina se aprestan para una campaña electoral en la que posiblemente dedicarán sus energías a separar la verdad de las mentiras. Así pasó en las elecciones de Brasil, donde a la iniciativa Comprova —en la que participaron más de veinte redacciones de medios, Facebook y Google— se sumó un portal del Tribunal Superior Electoral para analizar noticias y verificar información. En Europa, se preparan para enfrentar la acumulación de noticias falsas en las elecciones de mayo con un proyecto de la International Fact Checking Network, que integran diecinueve medios de trece países.

En la Argentina, además de Chequeado, hay otros sitios como Transparencia Electoral se aprestan para sumarse a la cruzada pírrica de combatir la desinformación; Google y Facebook ya firmaron un acuerdo contra las noticias falsas durante las elecciones en Brasil, y varios medios de comunicación destinarán tiempo y recursos a separar la mentira de la verdad. Pero eso no alcanzará para detener lo que podría convertirse en un tsunami de desinformación. “Nadie está listo para enfrentar la velocidad y el volumen de este problema de noticias falsas”, dijo Fernando Neisser, coordinador de la Academia Brasileña de Derecho Electoral y Político.

Algunos candidatos —y muchos de sus seguidores más polarizados— buscarán que esta campaña electoral sea desagradable y caótica, pero dependerá de los ciudadanos que las mentiras no se multipliquen ni que ocupen lugares centrales en la conversación pública. No hace falta ser un experto electoral ni un consultor político para ejercitar el músculo de la disertación: si recibimos una acusación sobre un candidato, debemos optar por analizar, indagar y evaluar si la información es cierta o falsa.

Una manera de hacerlo es formulándonos cinco preguntas: ¿La “noticia” sale en algún portal informativo serio si se busca en internet o solo en páginas desconocidas o de dudosa seriedad? ¿La supuesta “noticia” coincide o se contradice con la información fiable hasta ahora conocida? ¿Los supuestos “datos” mencionados en la nota incluyen algún enlace que permitan corroborar si surgen de algún informe oficial? ¿El autor de esa supuesta “noticia” es anónimo o un periodista o analista conocido? ¿El remitente que le envió esa supuesta “noticia” es alguien responsable, un seguidor irredento de algún candidato o un difusor serial de todo lo que le llega?

Las elecciones de los últimos años han modificado el modo de experimentar la política. Los votantes debemos obligarnos a distanciarnos y plantearnos estas preguntas incómodas antes circular información. (Nota con todos los vínculos)

Fuente: Hugo Alconada Mon para The New York Times