En el marco de una cuarentena que el Gobierno planea extender en medio de una grave crisis económica y de difícil negociación con acreedores externos, el presidente, Alberto Fernández, decidió tomar como prioridad la presentación de una reforma judicial en Casa Rosada. Un proyecto de ley de reforma del sistema judicial, que según lo expuesto por el Mandatario busca mejorar el servicio de Justicia a través de la unificación y la duplicación de la cantidad de los juzgados federales y de la designación de un consejo de notables para asesorar al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema, entre otras varias modificaciones. La iniciativa será enviada esta semana al Parlamento nacional.
Debido a las restricciones que viene definiendo la administración del Frente de Todos, y que llevan más de cuatro meses, el propio jefe de Estado viene desarrollando sus actividades en la residencia presidencial de Olivos, sin embargo se decidió en las últimas horas que el acto para dar a conocer estos cambios que se impulsan en el ámbito judicial, se realizara en la sede nacional de Balcarce 50 para destacar la simbología del Poder en el histórico Saló Blanco.
Allí estuvo de manera presencial, y ya no por teleconferencia, el propio Fernández junto al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y otras figuras que fueron invitadas para legitimar políticamente la medida que genera rechazo en la oposición, que optó por no enviar a sus jefes de bloque legislativos, quienes fueron invitados pero rechazaron participar del convite. Para un sector de la sociedad y sus representantes en el Congreso, este es un intento del oficialismo para conseguir impunidad en la causas judiciales que tiene la ex presidenta y actual vice, Cristina Kirchner.
Una de las definiciones que motoriza, contrariamente a lo que predicaba en el pasado el actual titular de la Rosada, es la de aumentar a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia que hoy es de cinco. Sólo una integrante de ese cuerpo estuvo presente en la presentación del proyecto de ley, la doctora Elena Highton de Nolasco.
Vale agregar que una vez más el equipo de comunicación de la Presidencia de la Nación, que encabezan Juan Pablo Biondi y su segundo, Marcelo Martín, cohartó la actividad de los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, que así como fueron víctimas hace semanas de la "edición" de una conferencia de prensa que se emitió grabada sin las preguntas de los cronistas, en esta oportunidad sólo tuvieron acceso a una pantalla para ver el actividad por TV sin poder ingresar al sector donde se hizo el anuncio.
Mientras esta polémica determinación ponía freno al trabajo de la prensa, el presidente Fernández afirmaba que “es hora de poner en el debate público la cuestión judicial para que podamos tener un mejor Estado de derecho”, destacó que la medida se propone “consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad e independencia”. También recordó que durante la campaña presidencial sostuvo que “la Justicia debía funcionar bien para todos los argentinos y todas las argentinas, y debía imponerse la Ley de forma igualitaria, con prescindencia de quién ejerza el poder”.
El ex jefe de gabinete de Néstor y Cristina Kirchner que hoy administra el Ejecutivo nacional aseguró que "el sistema judicial debe apegarse a las normas y abstraerse de cualquier influencia que quiera torcer la imposición de justicia e hizo este punteo sobre diversos temas que abarcan lo que dio a conocer públicamente:
1) El poder de la justicia debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión
2) Hemos visto cómo el influjo del poder político, y también de otros poderes, fue operando sobre la decisión de algunos jueces
2) Los últimos cuatro años estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho
3) Se hizo uso de doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas. De esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados.
4) La ley debe imponerse en forma igualitaria con prescindencia de quien ejerce el poder y quien resulta opositor
5) Busco hacer la República que todos declaman, pero que algunos humillaron
6) Nadie puede sorprenderse por lo que estamos haciendo. Sometí mi parecer al veredicto popular y el pueblo con su voto me acompañó. Y reafirmé ese mismo compromiso ante el Parlamento argentino, en el mismo instante en que asumí la Presidencia de la Nación
7) Lo que estamos proponiendo hoy no es otra cosa que consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia
8) Proponemos organizar mejor la Justicia Federal y, en particular, superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal
9) Este proyecto:
* crea la Justicia Federal Penal con asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Cada uno de esos Tribunales actuarán en lo sucesivo con una ‪de las dos‏ secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero
* propicia que el nuevo fuero Federal Penal comience a funcionar cuanto antes. Por ese motivo ha previsto un sistema de subrogancias que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados y magistradas en el que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación que deberá dar los Acuerdos correspondientes para quienes resulten subrogantes
10) Esta nueva estructura judicial, en nada afecta el principio del Juez Natural
11) El proyecto también propone:
* La unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías para que se sumen al nuevo esquema que hemos diseñado y le otorguen el mejor funcionamiento
* Transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de este modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente. Queremos hacer que la manda constitucional dispuesta en 1994 finalmente se cumpla.
* La unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo
* Fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país
12) Este proyecto recoge el texto de un proyecto de ley impulsado por la anterior gestión de gobierno en el marco del programa “Justicia 2020”. El proyecto citado fue presentado ante el Senado de la Nación por los senadores Humberto Schiavoni, Federico Pinedo, Ernesto Martínez, Rodolfo Urtubey, Luis Naidenoff y por la senadora Silvia Elías de Pérez.
13) La ley impone en su capítulo final una serie de reglas de actuación que deberán respetar los jueces y juezas federales. La Ley N° 27.146, cuya vigencia fue suspendida por el gobierno que nos precedió mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 257/15. Su incumplimiento constituirá una causa grave de mal desempeño, además de las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponder.
14) Se crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. A tal fin, he recurrido a juristas de reconocimiento técnico indiscutido.
15) Este Consejo que estamos creando deberá elevar a consideración del Presidente, propuestas concretas sobre los temas que conciernen a una mejor administración de Justicia.
De sus recomendaciones saldrán los proyectos de ley que el Congreso de la Nación deberá debatir
Ninguna sociedad avanza sin un servicio de justicia que solo responda a la necesidad de imponer la ley allí donde se ha quebrantado.
Sin rueda de prensa para despejar dudas, la única representante gubernamental que brindo algunas declaraciones a la salida de Casa Rosada fue la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, ex socia del estudio jurídico que encabezaba el actual mandatario. Allí expresó que es una pena que la oposición no haya acompañado y agregó sobre la polémica decisión de que el abogado de Cristina Kirchner, el doctor Carlos Beraldi, integre la comisión asesora, que no tiene nada que ver, dijo "si pensar que porque es el abogado de Cristina no puede integrar una comisión, una persona tan altamente capacitada y ética (..) va a asesorar al Presidente en cuestiones que tienen que ver con su reconocimiento (..) también esta la doctora Weinberg, que podríamos decir que es macrista".
Fuente: Juan Pablo Peralta para la agencia internacional Globatium.com y ECMC Noticias México-Argentina-España-Brasil-EE.UU.
No hay comentarios:
Publicar un comentario