Ya en veda política los argentinos se encaminan a las primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo domingo 11 de agosto, luego de una campaña intensa en materia de spots publicitarios y presentaciones de los precandidatos en los distritos más importantes del país, actividades que se desarrollaron con mucha pompa y repetitivos discursos pero con muy pocas propuestas. Alberto Fernández del Frente de Todos eligió la provincia de Córdoba para su cierre, y el presidente Mauricio Macri el territorio bonaerense junto a la gobernadora María Eugenia Vidal. Un día antes Cristina Kirchner, con su precandidato a presidente y a primer diputado nacional, Sergio Massa, encabezó un masivo acto en la ciudad de Rosario en Santa Fe. Con ellos estuvieron los gobernadores que respaldan la fórmula que tiene más posibilidades de dejar a la Alianza Cambiemos sin su sueño reeleccionista. El oficialismo se encuentra en una situación difícil ya que podría perder en esta prueba electoral, por eso su artillería apuntó a la provincia mediterránea y también a la de Buenos Aires, que según los números que se barajan podría quedar en manos de Axel Kicillof y Verónica Magario, el ex ministro de economía de CFK y la actual intendenta del populoso partido de La Matanza, pieza clave en el camino hacia la Casa Rosada. Roberto Lavagna y el salteño Juan Manuel Urtubey, desde Consenso Federal, estarían en condiciones de alcanzar una buena suma de votantes, especialmente de aquellos que quieren salir de la denominada grieta entre macristas y kirchneristas. Los datos económicos le han jugado en contra al actual mandatario argentino: 35 por ciento de pobreza, 7% de indigencia, es decir personas que no pueden acceder a la canasta básica de alimentos, más de 2 millones de desempleados, unas 40 mil empresas que han cerrado, también innumerables comercios, pequeñas y medianas firmas que han bajado sus persianas, y grandes multinacionales que se han ido, generando una paralización del consumo que no cesa. El dólar ha sufrido coletazos en materia de subas en su valor en las últimas jornadas, algo que la administración del macrismo ha intentado frenar con la intervención del Banco Central, subiendo tasas de interés y gastando la mitad de la última remesa que envió el Fondo Monetario Internacional para llegar a las elecciones con oxígeno. Desde las usinas oficialistas y el mercado se especula con un posible aumento extremo de la moneda estadounidense, que tanta influencia tiene en los precios generales de la Argentina dolarizada, si los Fernández obtienen un triunfo por encima de los 4 puntos. Esto también forma parte de la guerra de discursos en modo campaña y que tendrá su respuesta cuando se obtengan los resultados finales del escrutinio. El otro tema preocupante que surgió en las últimas horas tiene que ver con la posibilidad que se intente producir un fraude electoral con un retardamiento en la llegada de los números de votos de los lugares más distantes de la Capital Federal. Tengamos en cuenta que participa de esta responsabilidad el Correo Argentino que perteneció al Grupo Macri y le fue quitado por no pagar los cánones correspondientes. Esa deuda acumuló 70 mil millones de pesos, acreencia que con el actual titular del Ejecutivo al frente de la Nación se le perdonó a la familia presidencial. A esto se suma la polémica empresa que se encargará de la transmisión informática de los sufragios, nos referimos a la ex venezolana, Smartmatic. Esta firma fue cuestionada por el macrismo cuando era oposición en otros actos electivos, como ocurrió también en otras partes del mundo. Las PASO, que iban conformar una consulta popular sobre qué fórmulas alcanzan el 1,5 por ciento de los votos en los lugares donde presenten a sus precandidatos, termina siendo una prueba de fuego para el gobierno nacional que de imponerse, sería la primera fuerza que renueva mandato bajo una recesión y crisis económica como la que atraviesa Argentina. Lo cierto es que más allá de quien se imponga en esta prueba electoral y en las sucesivas, nada va a ser fácil en los próximos años en una república rioplatense que queda endeudada, sólo con el FMI, en 57 mil millones de dólares, más otros 100 mil que deben ser devueltos a la banca privada internacional en los próximos años.
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