Trabajo en negro: la deuda interna

El hambre es una puerta chiquita por la que hay que agacharse para pasar. Y cuando hay hambre, los hombres y mujeres que trabajan en la Argentina trabajan de lo que pueden y en las condiciones que pueden. Muchos empleadores se aprovechan de esa necesidad, violan la ley y vulneran los derechos de aquellos a los que creen hacerles un favor dándoles trabajo. Un adolescente santiagueño se sube a un micro con destino desconocido. Sólo sabe que va a desflorar maíz a otro lado. No sabe cuánto le pagarán. Al llegar, lo hacen dormir en un colchón roto en un galpón sin ventilación ni baño. No le permiten salir del establecimiento. Al final de la cosecha, le dan unos pocos pesos, a los que se les aplicó un descuento por la comida que consumió mientras estuvo trabajando. Una mujer boliviana decide dejar a su familia y viajar a Buenos Aires con la promesa de integrarse a la sección de costura de una gran marca de ropa. Antes de llegar le habían retenido el documento con la excusa de agilizar los trámites en la frontera. El taller funciona en los fondos de una casa en un barrio que no identifica. Trabaja 12 horas y duerme en la misma habitación en la que cose. Una chica recién recibida quiere empezar a desarrollarse en su profesión. Consigue que un empresario Pyme la lleve a trabajar con él. Le dice que se saque el monotributo y la hace facturar mes a mes. Pide vacaciones pagas: no le dan. Pide aguinaldo: no le dan. Reclama blanqueo: la echan. Un hombre trabaja para una cooperativa. Las cooperativas, le contaron, no deberían tener dueño. Esta parece que sí tiene. Y el dueño lo lleva a él y a otros compañeros a trabajar en reparaciones de las vías del ferrocarril. Pero se enteran de que los trabajadores ferroviarios cobran más del doble que ellos por tareas similares. Y deciden hacer un piquete para reclamar el pase a planta del ferrocarril. Los desaloja la policía y hay incidentes. Una mujer trabaja hace 20 años en una casa de familia. Crió a los chicos, que ya están grandes y se fueron a vivir solos. La señora le informa que se mudarán al country y que ya no necesitarán de sus servicios. La señora nunca la puso en blanco. La mujer, que ya está en edad de jubilarse, no podrá hacerlo porque no tiene aportes. La mujer no sabe que tiene derecho a recibir una indemnización por esos 20 años de servicio y la señora de la casa no la ofrece. La mujer se queda sin trabajo y sin esa casa que sentía como propia, a sus casi 60 años. Un señor mayor trabaja en una obra de un megaemprendimiento inmobiliario de un coqueto barrio porteño. Es sereno y ofrece su sapiencia para arreglar un poco de todo. No lo pueden blanquear, le dijeron. No es argentino. Una noche entran ladrones que roban la maquinaria y los materiales. A él lo atan con alambre y lo lastiman. Además, le roban sus herramientas personales. Sus únicas y costosas herramientas. Los capataces lo culpan por el robo. Él decide volverse a Paraguay. Todas estas historias tienen un denominador común: el trabajo en negro. Este es uno de los flagelos sociales y económicos que más dolores de cabeza trajo a los funcionarios del Poder Ejecutivo en los últimos diez años. Mientras todas las otras variables de la economía mejoraron considerablemente en la década kirchnerista, el empleo no registrado sólo se redujo del 49,9% en 2003 al 34,5% en 2013. Hoy, la informalidad afecta a 4,4 millones de trabajadores. Esta semana se conocieron datos del Programa Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) –que consiste en una serie de inspecciones que realiza el Ministerio de Trabajo– correspondientes al período enero-octubre de 2013. En lo que va del año se relevaron un total de 118.748 establecimientos productivos. En base a estas fiscalizaciones, la actividad en la que más trabajo en negro se registró fue la construcción, con una tasa de informalidad del 49 por ciento. En segundo lugar figura el sector agropecuario, con 46% de trabajadores no registrados. El nivel de detección de trabajadores en negro llega al 35% en el caso de los restaurantes, mientras el comercio es la cuarta actividad incumplidora de la normativa vigente, con un 30% de empleados informales detectados. En los casos de ilegalidad detectados hubo utilización indebida de la figura del monotributo, usos contrarios a las leyes de cooperativas y fraudes, a través de las medias jornadas. El caso más extremo de vulneración de derechos es el que está tipificado como delito de la trata de personas con fines de explotación laboral, que se concentra principalmente en establecimientos rurales y textiles. Dentro de este tipo de empleo no registrado, hay un 78% de extranjeros. Pero ¿qué implica ser un trabajador en negro? Según la actividad de la que se trate, implica una reducción de los derechos laborales. En primera instancia, cobran menos que los trabajadores registrados, no sólo en salario propiamente dicho. Tampoco perciben asignaciones familiares, aguinaldo, vacaciones pagas o premios. En general, tampoco están asegurados en una ART, por lo que no tienen cobertura ante accidentes laborales, hecho que se agrava según el nivel de peligrosidad que requiera el empleo. Y este cercenamiento de derechos puede afectar a todos los sectores de la sociedad, pero en general es padecido por los más vulnerables. Los extranjeros sin documentación argentina, los pobres, las mujeres (en ese orden) son los que más sufren el trabajo en negro. Uno de los principales problemas del empleo en negro es que en muchos casos los trabajadores desconocen sus derechos laborales y previsionales. Y aún cuando los conozcan, no se animan a hacer planteos a sus empleadores porque temen perder ese empleo, aún cuando sea en pésimas condiciones, con derechos retaceados y mal pagos. Los empleadores que toman personal en negro, por su parte, se ocupan de no permitir que entre ellos se difundan cuáles son sus derechos y de perseguir a quienes tengan la iniciativa de reclamarlos. Es habitual que no haya ningún tipo de organización gremial en los establecimientos con empleo en negro, y que ante el más mínimo intento de sindicalización, haya amenazas y despidos. Además, los empleadores se aprovechan de esta situación para tener una competencia desleal con sus colegas. Debido a que pagan menores costos por ese trabajo informal, pueden ofrecer precios más bajos que quienes tienen todo en regla y cumplen con la ley. Pero el trabajo en negro es difícil de detectar, porque no suele darse en las grandes y visibles empresas que se encuentran en los grandes centros urbanos. El empleo en negro está escondido. Escondido en la profundidad de las miles de hectáreas de un campo sembrado y en el anonimato de una micropyme. Y esa es la mayor dificultad que aducen las autoridades del Ministerio de Trabajo para no haber podido reducirlo como sí se redujeron otros índices. El Estado es el único articulador posible de todos los esfuerzos posibles para que las historias de más arriba sean cada vez menos. Sindicalistas y empleadores no deberían concurrir solamente a la mesa del diálogo social a pedir mejorar sus situaciones y a mencionar el tema superficialmente, por solidaridad de clase en el primer caso y para evitar la competencia desleal, en el segundo. Sindicalistas y empleadores también deberían participar activamente en la eliminación del empleo en negro. Y el Estado tiene que dejar de excusarse y perforar de una vez ese núcleo duro de un tercio de los asalariados que tiene que agacharse para pasar por la puerta de conseguir trabajo.

Fuente: Ana Vainman para Tiempo Argentino