La vicepresidenta Cristina Kirchner llevó adelante lo que el tribunal que la juzga no le otorgó este martes 23 de agosto, declarar en un alegato por la defensa. La funcionaria habló y denunció a través de sus redes sociales, que mientras buscan condenarla por favorecer, supuestamente, al empresario Lázaro Báez en la concesión de la obra pública en Santa Cruz, los jueces y fiscales entierran los 100 mensajes que intercambiaron el secretario de Obras Públicas, José López, quien saltó a la fama por revolear bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez, con Nicolás “Nicky” Caputo, el "hermano de la vida", del expresidente Mauricio Macri.
“El lawfare tiene un escalón superior, siempre hemos ido un poquito más allá los argentinos. Cuando vivimos la tragedia de la dictadura genocida, fue la más sangrienta de todas”, señaló la ex mandataria. “En esta farsa de hoy que es lawfare en América Latina, cuando ya no hay partidos militares pero hay Partido Judicial, dan un paso más. Acá no se trata de estigmatizar o confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas, ahora protegen a los que verdaderamente roban en el país”, afirmó.
CFK hizo su descargo después de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran el lunes doce años de prisión para la vicepresidenta, a quien acusaron de liderar una asociación ilícita para defraudar al erario público y para quien pidieron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
“Son doce años, los doce años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos”, dijo la ex presidenta desde su despacho en el Senado. “¿Por qué nos piden doce años? Lo digo con números. Uno por la memoria, otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el Fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y Vaca Muerta, otro por el no endeudamiento, otro por el salario de los laburantes”, puntualizó. y agregó: “Cuando yo me fui, los laburantes se llevaban el 51,8 por ciento del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora, ni hablar cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo: si naciera 20 veces más, 20 veces lo haría de nuevo”.
La declaración duró una hora y media, y allí se refirió a su causa pero también dio nombres propios para describir por qué, según entiende, funciona cómo funciona el Poder Judicial. Se refirió a los fiscales Luciani y Mola, quienes dijeron que la matriz de los gobiernos kircheristas fue la corrupción pero obviaron los intercambios familiares entre López y Caputo. “Nada de lo que dijeron fue probado, se comprobó que era exactamente al revés”, aseguró CFK.
La Senadora leyó los mensajes que intercambiaban López y Caputo. Durante la campaña de 2017, había reconocido que lloró de rabia al enterarse cómo López buscaba esconder millones de dólares, que ella cree que venían de la mano de Caputo y su entorno. “Si había un caso para investigar la corrupción en la Argentina era éste”, se quejó Cristina al advertir que la investigación había estado en manos del juez Daniel Rafecas, candidato del Presidente a la Procuración, y del fiscal Federico Delgado. “¿Qué es lo que había que hacer con este teléfono? en referencia al de José López. ¿Cómo investigaron esto? Yo me enteré a partir de que el fiscal Luciani y el fiscal Mola introdujeron esto” como prueba, criticó.
Otra mención fue para el presidente del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, cuyo padre, el marino Héctor Giménez Uriburu, fue director de Ceremonial de los dictadores Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone. “¿Ustedes creen que no me van a condenar?”, preguntó la vicepresidenta Kirchner. “Deben estar poniéndose cuchillo y tenedor”, se contestó dando a entender que se alistaban para engullir un banquete con ella. A su vez recordó que Giménez Uriburu está casado con la nieta del coronel responsable de la masacre de Margarita Belén. “Quieren tomarse revancha. ¿De qué? Si cuando fueron juzgados, tuvieron jueces imparciales como nunca en la Argentina”, aseveró.
Cristina hizo foco además en el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, que llegó al tribunal de apelaciones de Comodoro Py durante el macrismo. “Se comprueba que Mauricio Macri siguió e hizo inteligencia a los familiares del ARA San Juan, la peor tragedia de la Armada Argentina, y sin embargo lo sobreseen. ¿Quién? El arquero del Liverpool”, espetó. Se refería a Llorens, que juega en ese equipo junto con Luciani y Giménez Uriburu, en la quinta del ex titular del Ejecutivo, Mauricio Macri.
Otro párrafo que merecieron los integrantes de la Cámara de Casación que se reunían con el líder del PRO durante su gobierno, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, y en especial, Carlos Mahiques, exministro de Justicia de María Eugenia Vidal (ex gobernadora bonaerense) trasladado “a dedo” al máximo tribunal penal del país. Uno de sus hijos, Ignacio, fue el fiscal que junto con Gerardo Pollicita la acusaron de asociación ilícita por las obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Durante el final del alegato de la fiscalía, Luciani celebró el trabajo de sus colegas del Ministerio Público y el del juez Julián Ercolini, quien según recordó la senadora Kirchner, había dicho que no era competente para investigar una denuncia de Elisa Carrió sobre las obras públicas en Chaco y Santa Cruz en 2011, decisión que había sido consentida por Pollicita, pero que dejó en el olvido cuando Javier Iguacel, titular de la Dirección Nacional de Vialidad durante el primer tramo del gobierno de Macri, radicó una nueva denuncia contra la expresidenta acusándola de liderar una asociación ilícita. Habían cambiado los aires.
A la Corte Suprema le reprochó el fallo con el que rechazó los recursos que ella y otros imputados habían planteado, entre otras razones porque los sentaban en el banquillo sin peritar que en las 51 obras hubiera existido sobreprecios o atrasos que generaran un daño a las cuentas públicas. Al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y a su vice, Carlos Rosenkrantz, les recordó su marca de origen: haber aceptado entrar por la ventana a la Corte con un decreto de Macri y salteándose el aval del Senado.
CFK responsabilizó a Fabián Rodríguez Simón, alias “Pepín”, prófugo en Uruguay desde que la jueza María Servini lo llamó a indagatoria por las presiones a los dueños del Grupo Indalo, y mientras avanza una investigación por haber hostigado a la procuradora Alejandra Gils Carbó para forzar su renuncia. “Fue uno de los jefes de la mesa judicial”, apuntó y diferenció el comportamiento de los funcionarios peronistas ante cada llamado de la Justicia. “Ustedes huyen”, reprochó la funcionaria.
En esa explicación que fue casi transmitida en cadena nacional, salvo por algunos canales que la cortaban en segmentos, la ex jefa de Estado, destacó que uno de los que visitaba asiduamente la Residencia de Olivos, en épocas de la presidencia de su esposo Néstor Kirchner, era Héctor Magnetto, CEO del poderoso Grupo Clarín, a quien el ex presidente le otorgara la fusión de Cablevisión y Fibertel. La senadora Cristina Kirchner se preguntó cómo el Poder Judicial no denunció ese hecho, que es de suma gravedad, porque planteó un monopolio que hoy, inclusive le es adverso.
La Vicepresidenta está convencida de que su condena ya está firmada. “Cuando dije que la sentencia estaba escrita me quedé corta”, advirtió.
Fuente: Juan Pablo Peralta desde Casa Rosada para la agencia internacional Globatium.com (@globatium), ECMC Noticias México-Argentina-España-Brasil-Bolivia-Ecuador-Estados Unidos (ecmcnoticiasmex), RCR Metro Barcelona (@RCRBarcelona), @kwradio_es, y FM Concierto (@105Concierto). Más información exclusiva de Balcarce 50 a través de @JuamPaPeralta
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