Acuerdan proteger edificios construidos antes de 1941 en la Ciudad

La Legislatura porteña acordó prorrogar por un año la ley que protege de ser demolidos a los edificios construidos antes de 1941 , luego de que organizaciones vecinales alertaran que podrían tirarse abajo varias construcciones con valor patrimonial. El acuerdo político entre los bloques legislativos se alcanzó casi al mismo momento en que el Ejecutivo porteño autorizó la demolición de los edificios de La Imprenta y La Cuadra, en Palermo, que precisamente son de antes de 1941, tal como anticipó ayer Clarín . La prórroga será para la ley N° 3.056, que fue promulgada en mayo del año pasado, pero que vence el próximo 31 de diciembre. Esa norma establece un procedimiento que, si bien no prohíbe las demoliciones, al menos dispone un mecanismo de control. ¿De qué se trata? Si un particular quiere demoler un edificio, de cualquier año, debe pedirle al Gobierno porteño una autorización , y en la medida que los planos sean correctos, la Ciudad la otorga. Pero con los edificios construidos antes de 1941, el Gobierno está obligado a enviar esos pedidos de demolición al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), un organismo mixto conformado por el Ministerio de Cultura, la Legislatura y entidades especializadas como la Facultad de Arquitectura de la UBA o el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Cuando la CAAP recibe un pedido, debe evaluar si el edificio tiene o no valor patrimonial . En este sentido, estudian por ejemplo si tiene valor histórico, en qué área se encuentra, su estado de conservación original y su situación actual, entre otros parámetros. De esta forma pueden autorizar la demolición o darle una protección preventiva hasta que la Legislatura porteña determine qué tipo de protección definitiva le da: cautelar (se resguardan la fachada y algunas partes de la construcción), estructural (un grado mayor, sólo se permiten pequeñas reformas) o integral (no se lo puede tocar). Claro que esto sucede porque el Gobierno porteño desde hace años que debe la finalización del catálogo de edificios con valor patrimonial, como tienen muchas ciudades en el Mundo. Esto permitiría definir para siempre qué edificios se deben preservar y cuáles no. El problema es que si la ley N° 3.056 no es prorrogada cualquier edificio podría ser demolido. Por eso, varias organizaciones no gubernamentales se movieron para pedirle a los legisladores que sostengan la protección. Marcelo Magadán, de la asociación Basta de Demoler, explicó: “Juntamos más de 1.500 firmas de vecinos para pedir la prórroga, porque está en riesgo una parte importante del patrimonio de la Ciudad. Aún con la ley en vigencia se perdieron edificios notables, por eso es clave que se sancione la prórroga y sobre todo que el Ejecutivo termine el catálogo definitivo”. Aún con el CAAP en funcionamiento, se estima que fueron protegidos sólo un 15% del total de edificios con permiso de demolición pedido. Esto fue lo que pasó en el caso de La Imprenta y La Cuadra). El acuerdo para sancionar la prórroga fue confirmado por fuentes de PRO, Proyecto Sur, Coalición Cívica y el Peronismo. Patricio Di Stéfano, legislador macrista y presidente de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico, explicó: “Es cierto que falta trabajo, pero cuando PRO llegó al Gobierno, en el Registro había sólo unos 1.800 edificios protegidos, y hoy ya son 2.556, más 2.304 que tienen protección preventiva de la CAAP”. Para el sector de la construcción, si bien hubo algunas resistencias, la prórroga de la ley N° 3.056 parece razonable . “Es preferible que se mantenga la ley y no que haya un vacío legal. Pero lo importante es que el Ejecutivo termine el catálogo, porque ahora la CAAP demora entre 30 y 45 días para emitir cada dictamen, y es mucho tiempo para el negocio de la construcción”, afirmó Daniel Silberfaden, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos.

Fuente: Clarín