lunes, 17 de marzo de 2014

¿Es posible la legalización?

Las drogas están en boca de todo el mundo. La violencia desatada por disputas entre narcotraficantes se puede ver en los noticieros o incluso en populares series de televisión. Al calor del bombardeo mediático que machaca sobre el problema de “la” droga se ha multiplicado la preocupación sobre el tema, sin especificar de qué se quiere hablar, mientras que a nivel mundial se resquebraja un paradigma: para importantes líderes mundiales de diversas extracciones ideológicas hay una multitud de evidencias que indican que la llamada “guerra contra las drogas”, iniciada por el ex presidente de los Estados Unidos Richard Nixon en la década del ’70, fracasó. El consenso que se está gestando es que hay que sacar del ámbito penal las problemáticas de adicciones y abordarlas desde lo sanitario. Así lo afirma el documento firmado por Yury Fedotov, director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra Drogas y Delito, donde por primera vez se admite que “la despenalización del consumo de drogas puede ser una forma eficaz de descongestionar las cárceles, redistribuir recursos para asignarlos al tratamiento y facilitar la rehabilitación”. Sobre esta base se discutirá en Viena, en la conferencia de la Comisión de Estupefacientes. Para un creciente movimiento social mundial, la legalización de la marihuana es impostergable. Pero este es un aspecto de una discusión mucho más compleja. La experiencia en Uruguay es mirada con atención tanto por férreos defensores como por los críticos. Pero también en el Congreso argentino hay proyectos para eliminar las figuras más represivas de la actual ley de drogas: se propone la despenalización de la tenencia para consumo personal –la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, propuso despenalizar el cultivo en general–. Sin embargo, el trámite legislativo quedó empantanado. Un nuevo impulso cobró esta postura ante las declaraciones del secretario de Seguridad, Sergio Berni: “A título personal, estaría de acuerdo si se despenaliza toda la cadena, desde la producción a la comercialización”, señaló. En los últimos meses, la instalación del debate sobre el narcotráfico cobró fuerza en el país. La Conferencia Episcopal Argentina y el gobierno de Estados Unidos manifestaron su preocupación por la proliferación de drogas ilícitas en nuestro país. También tuvieron mucha difusión un discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y una declaración de jueces federales de las provincias del Norte. Hechos como el cinematográfico asesinato de un presunto sicario de un cartel colombiano en los bosques de Palermo son divulgados profusamente. Como alternativa al prohibicionismo alentado por Estados Unidos, varios países optaron por la regulación de la producción de esas sustancias, el respeto del derecho a usarlas y la asistencia sociosanitaria a quienes tienen problemas con su consumo: * Holanda adoptó hace varias décadas un modelo de separación de mercados entre lo que llaman “drogas duras” (heroína, cocaína) y “blandas” (marihuana, hongos psicoactivos), regulando el expendio de estas últimas en lugares específicos (coffee shops). Se redujeron ostensiblemente no sólo la violencia callejera asociada a la venta de drogas sino también el consumo de marihuana del 7,3 por ciento en 1997 al 5,4 en 2006, uno de los menores de Europa. * En Portugal, desde hace 15 años se viene implementando un modelo de reducción de riesgos y daños donde a los usuarios no se los criminaliza por usar drogas y se les ofrece un marco amplio de atención sociosanitaria. * España: hace 15 años funcionan los “clubes de cultivo”, donde los usuarios de cannabis se asocian para cultivar en conjunto la marihuana necesaria para su consumo, solventando colectivamente los gastos y repartiendo la cosecha entre sus miembros, sin comercio. Disminuyeron notablemente los niveles de tráfico de marihuana y los índices de violencia asociados. * Estados Unidos: durante 2013 dos estados, Washington y Colorado, regularon por medio de plebiscitos la venta libre de marihuana en locales que cumplan con determinados requisitos legales. En Colorado en tan sólo algunos meses se logró disminuir ostensiblemente la violencia callejera por el control territorial de la venta ilegal. “Tenemos que seguir con mucha atención lo que sucede a Uruguay. Ponerlo en términos de regulación tiene mucho sentido, la palabra legalización shockea. Hay un cambio cultural para hacer incluso en la gente que consume drogas, que tiene naturalizada la prohibición”, advierte Luciana Pol, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “La discusión es cómo regular las sustancias: cómo se produciría, cómo se vendería, cómo evitar la venta a menores. El Estado tiene que estar presente. Es un problema social”, agrega la experta. El CELS se presentará el 25 de marzo próximo, junto a otros 16 organismos de todo el continente, en Washington ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las violaciones a los derechos humanos generadas por 40 años de prohibicionismo: “Acarrea un montón de impactos muy negativos contra los derechos humanos –explica Pol–. Las redes que se abren al prohibirse determinadas sustancias generan organizaciones muy grandes y violentas. Toman el control territorial de zonas enteras y amenazan las instituciones de gobierno, como sucede en México y sucedió antes en Colombia”. A nivel regional, “la cantidad de gente presa en las cárceles del país por delitos relacionados con drogas es de entre 25 y 30 por ciento. Una parte muy importante son consumidores o personas muy vulnerables que cayeron por microtráfico: mulas o pequeños vendedores que lo hacen para subsistir. En las cárceles de mujeres, la mayoría son jefas únicas de hogar. La justicia penal no persigue a las grandes estructuras sino a personas que son reemplazadas no bien son encarceladas”, dice Pol, a quien le preocupan “las prácticas turbias que la policía utiliza gracias a la actual ley de drogas. En la calle genera extorsión, detenciones arbitrarias. En la mitad de las causas armadas plantan drogas: es más fácil que plantar armas. La policía corrupta forma parte del problema”. Frente al miedo entendible de la sociedad “aparecen respuestas preocupantes, como la militarización de las políticas de seguridad –agrega Pol–. En el Norte, con la radarización de la frontera, hay un avance tímido en ese sentido con el apoyo logístico del Ejército, a pesar de que la participación de los militares en asuntos de seguridad interna está prohibida. En países como Brasil y México, así como en Centroamérica, como la policía corrupta no daba abasto, se llamó a los militares: el resultado fue una catástrofe. En México se produjo un espiral de uso de armamento letal cada vez más poderoso. Y la corrupción penetró a las fuerzas armadas mismas: el dinero que sale de este negocio es infinito”. “Experiencias como la de Uruguay y Colorado son muy valiosas, abren caminos nuevos”, se esperanza Pablo Cymerman, psicólogo, de Intercambios, organización que participa de la conferencia en Viena. Cymerman destaca que es necesario “responder desde una perspectiva no punitiva: el problema de la seguridad no se va a resolver apuntando hacia usuarios, hay consenso en correr el uso de drogas de lo penal a lo sanitario, focalizar la persecución en peces gordos”. Como alternativa a las políticas enmarcadas en la “guerra contra las drogas”, propone Cymerman, es preciso encarar “políticas públicas respetuosas de los derechos humanos. Hay que ampliar mucho más las respuestas sociosanitarias, abrir el abanico de intervenciones comunitarias, medidas de reducción de daños, programas para que mejoren su calidad de vida los que no quieren o no pueden dejar de consumir. La implementación de Ley de Salud Mental es un avance, en el campo sanitario, para personas que usan drogas. Esperemos que pueda seguir profundizándose”. Entre quienes se manifestaron por debatir la legalización están los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México) y el ex secretario general de la ONU Kofi Annan. “Son personas muy influyentes que ayudaron a generar atención en la opinión publica. Ahora el debate se va a dar en Viena”, agrega Cymerman. Felix Crous, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, destaca que la ONU “muy tímidamente ha virado desde el prohibicionismo extremo que procura la eliminación total de la oferta a la luz de que muchos países cambiaron de posición, a raíz de los costos de esta guerra: 60 mil muertos en México, un millón y medio de desplazados en Colombia”. Crous advierte que “la experiencia de Uruguay no es transferible, no se puede extrapolar porque es un país con muchos menos habitantes que el nuestro. La pregunta no es cómo combatir al que ofrece sino por qué hay tanta demanda, qué pasa con la sociedad”, plantea, y alerta que el narcotráfico “no funciona sin niveles de corrupción importantes, es una empresa mixta entre policías y narcos”. Pero no todo se reduce a un cambio de legislación: “Hoy las investigaciones se concentran en los eslabones menos importantes en lugar de ir hacia los peces gordos, cuando los recursos legales para decomisar bienes de narcos existen hace tiempo y no son utilizados. El sistema judicial tiene una responsabilidad altísima en esta situación”, afirma Crous. “Al tratarse de cuestiones de mercado, las soluciones más efectivas pasan por cambios realizados a nivel regional. Puede ocurrir como en Holanda: al regular el mercado de cannabis sólo en su territorio, se generó una afluencia de personas de países vecinos” Sebastián Basalo, director de la revista THC, explica que “al igual que ocurrió con el alcohol durante la década de la Ley Seca en Estados Unidos, las consecuencias de la prohibición de algunas drogas, la persecución militar a quienes las producen y la criminalización de quienes las consumen durante casi un siglo, son catastróficas. Como lo demuestran las experiencias de Uruguay, Estados Unidos y Holanda, no existen impedimentos legales internacionales para llevar adelante cambios en las políticas de drogas”, dice el periodista y referente del movimiento pro legalización de la marihuana, que no desconoce los inconvenientes de avanzar en esa dirección: “Al tratarse de cuestiones de mercado, las soluciones más efectivas pasan por cambios realizados a nivel regional. Puede ocurrir como en Holanda: al regular el mercado de cannabis sólo en su territorio, se generó una afluencia de personas de países vecinos”. Entre quienes se oponen a discutir cualquier avance en el sentido de legalizar se destaca Alberto Lestelle, primer titular del Sedronar e impulsor de la cuestionada ley de drogas, quien opina que despenalizar “es sacarle el culo a la jeringa”, y Eduardo Amadeo, que también estuvo al frente de ese organismo, que consideró que “la droga no se frena con un ‘viva la pepa’, sino con control del lavado de dinero; policías de elite bien pagos y entrenados; cooperación internacional y decisión política”. El actual dirigente massista expresó que “cuando un problema no se puede resolver, una de las alternativas más peligrosas es la búsqueda de soluciones mágicas; atajos que lleven a resolver lo que la constancia no logra. Es el caso de la droga, una cuestión que parece insoluble para Occidente y para la que abundan propuestas tan geniales como vacías. La más popular y ya –lamentablemente– de ‘sentido común’ es la legalización. Su fundamento es que si la droga se vendiese libremente bajaría el precio; el crimen organizado perdería poder y de tal manera habría menos violencia. Pero sus defensores no aceptan la posibilidad de la venta totalmente libre de cocaína o paco (¿quién quisiera que sus nietos pudiesen comprarla en la esquina?), con lo cual siempre habrá un mercado negro; ni consideran el enorme costo social que el aumento del consumo traería aparejado”, alertó. Otra voz importante es la del presbítero José María Di Paola (padre Pepe), que ha señalado varios alertas que no se pueden dejar de lado: según el cura, la despenalización “es la última página de un libro. Primero hay que tratar de llenar las páginas anteriores con la búsqueda de una sociedad más equitativa, para que los jóvenes más pobres y marginales accedan al sistema y puedan ejercer su supuesta libertad de elección”. El padre cree que “no podemos mirar el ejemplo de Portugal y compararlo sin más con realidades tan comunes en la Argentina como las que se viven en las villas de emergencia, partidos del conurbano bonaerense como La Matanza o el monte santiagueño. Sería un despropósito y no deja de ser un argumento falaz”. El cura opta por una postura intermedia: “He constatado que ni la guerra contra las drogas ni la legalización de ellas responden o dan una solución, y menos a los sectores más empobrecidos”. Antes de hablar de despenalizar es necesario “no criminalizar al adicto. El Estado tiene una deuda social muy grande con estos chicos que padecen estado de abandono en la calle, tuberculosis y sida, desamparo escolar y, sin embargo, pueden acceder a las armas y a la droga con una facilidad extraordinaria”. El problema está en boca de todos y la solución –o las soluciones–, por suerte, empiezan a formar parte del debate público.

Fuente: Infonews/Veintitrés

1 comentario:

Anónimo dijo...

Mientras se hable de drogas, no teniendo en cuenta que le principal flagelo son las drogas legales, alcohol, tabaco, psicofarmacos y psicotrópicos; el lavado de dinero producto del narcotráfico, los bancos que lavan, los grandes emprendimientos inmobiliarios de "grandes empresarios", los jueces corruptos, los fiscales corruptos, los policías corruptos, los políticos corruptos; el tema droga siempre va a pasar por la delincuencia y los perejiles del menudeo, el flaco que se fuma el porro en la placita después de laburar 10 hs, la pareja que tenía unas plantas para consumo persona o el paquero "violento"que roba 10 mangos para la dosis.
El tema pasa por cambiar el ángulo de mirada sobre el tema, así como esta planteado el debate solo la represión encaja y luego estaremos a dos pasos de pedir a las FFAA, como en el resto de América Latina, para la represión de las drogas y la instalación de bases yanquis para entrenar efectivos, como en Uruguay, y la instalación de oficinas de la DEA y la CIA. De eso estamos a dos pasos...
Claudio