El Gobierno confía en que la sorpresiva salida de Christine
Lagarde del Fondo Monetario Internacional no implicará ningún cambio con el
organismo; y lo más probable es que así sea. Como se apuró en aclarar el
Palacio de Hacienda, el acuerdo con Washington excede a la abogada francesa. Se
sabe: el compromiso político es, ante todo, de la administración Trump.
Eso no quita, sin embargo, que -como descuentan los propios
candidatos presidenciales- el actual acuerdo con el Fondo haya que renegociarlo
después del 10 de diciembre. Apenas asuma el ganador de las elecciones 2019.
Es muy probable que el caso argentino sea inédito: no sólo
por el volúmen de dinero que implicó el último acuerdo -la friolera de
u$s57.000 millones- sino también porque los protagonistas ya saben que el
tratado resulta incumplible. Que habrá que sentarse a renegociar para llegar a
un nuevo acuerdo.
Ése es el legado que ahora deja Lagarde. Un acuerdo
inconsistente por donde se lo mire.
En primer lugar porque al país le será imposible afrontar
los pagos que se acumulan entre 2022 y 2023. En esos dos años vence
prácticamente la totalidad de los fondos aportados por el FMI.
Pero el acuerdo con el organismo trasciende esa (súper)
exigencia. Lo controversial, lo que también lo hace inconsistente, refiere a
las metas económicas fijadas.
Van algunos ejemplos: Después del improbable salto del 9,5%
de las exportaciones (algo que está previsto para este año), se prevén
incrementos consecutivos del 3,5% en 2020; del 6% en 2021; del 5,6% en 2022 y
nada menos que otro aumento del 7% en 2023.
La misma sensación de inverosimilitud cuenta cuando
pronostica un superávit comercial que se apoya sobre la destrucción de las
importaciones de este año, en medio de la cruda recesión.
Tampoco parece cumplirse el objetivo de inflación. De hecho,
la meta de 30,5% para este año seguramente será excedida en por lo menos diez
puntos. Lo que también amenaza al objetivo del año próximo, del 21,2%. Muy
optimista para la actualidad de la Argentina.
Lo mismo podría decirse de la predicción de crecimiento de
la economía, en un contexto de ajuste de las cuentas públicas. Después de una
contracción del 1,2% para este año (que también luce optimista, de acuerdo a
las estimaciones de las consultoras), prevé una expansión del 2,2% para 2020.
Aun cuando se asimila una mejora en términos fiscales: del supuesto
"déficit 0" de este año debería pasarse a un superávit del 1,1% para
2020.
Esta mejora fiscal se concretaría sin tocar lo que el Estado
gasta en jubilaciones ni el salarios públicos, dos de los principales rubros
del gasto público. Mientras las jubilaciones se mantendrían en torno de 7,7
puntos del PIB (y en ascenso hacia 2021 en adelante); los gastos en salarios
quedarían en torno al 10,7% del PIB.
Otra inconsistencia: A pesar de contemplar ese ajuste, y una
tasa de desempleo que se mantiene en 9,9% (que de hecho ya fue sobrepasada al
10,1%), el FMI supone un crecimiento del consumo privado de 6,6% el año que
viene.
Lo que queda claro, frente a los números fríos escritos por
el propio staff del Fondo Monetario, es que, desde el año pasado, el organismo
le otorgó a la administración Macri el oxígeno necesario para ganar tiempo y
llegar a las elecciones con las mejores chances posibles.
La salida -por ahora temporal- de Lagarde no modifica ni una
coma de ese escenario. Lo único es que expone la realidad de cara a lo que
viene. Y frente a las inconsistencias, lo único que cuenta es que habrá que
trabajar en un nuevo acuerdo. En todo caso, la pregunta será a qué costos.
Fuente: Claudio Zlotnik para iProfesional
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