Después de idas, vueltas y polémicas, el juez federal, Lino Mirabelli, decidió homologar el acuerdo alcanzado entre el fiscal Fernando Domínguez y el presidente Alberto Fernández, en relación a la Fiesta en la Residencia de Olivos en plena pandemia, donde el mandatario y su pareja, junto a un grupo de 11 personas violaban las misma restricciones que el jefe de Estado había impuesto. Según lo acordado, el titular del Poder Ejecutivo deberá transferir en los próximos días 1,6 millones de pesos al Instituto Malbrán. De esta manera quedará sobreseído formalmente, aunque la causa va a continuar adelante para los otros imputados. Algo que suma más cuestionamientos al accionar de Fernández y su entorno, pero en particular de los representantes del Poder Judicial.
La controvertida resolución “no se vislumbran razones para sostener que el ofrecimiento realizado y acordado con el M.P.F., sea inadecuado desde el punto de vista de los requisitos legales que demanda el instituto”, y apunta que “no existe controversia alguna entre las partes en orden a la calificación legal del hecho, la operatividad del instituto invocado, la extensión del perjuicio y la proporcionalidad del ofrecimiento, se admitirá el acuerdo alcanzado entre la defensa y el titular de la acción penal pública”.
El funcionario judicial destacó un dato que tuvieron en cuenta los abogados desde el inicio de la causa: la mayoría de las causas que tramitaron en San Isidro por el artículo 205 del Código Penal (violar las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia) terminaron con una reparación. “Ello permitió mitigar el impacto que sobre el sistema de justicia ha generado el gran caudal de casos expuestos, brindando, a la vez, una respuesta eficaz y vinculada a la protección de los intereses supraindividuales en juego (salud pública)”.
En los hechos, la causa ya había quedado cerrada a partir del acuerdo con el fiscal, que decidió tomar como parámetro el valor de un respirador. “El monto ofrecido en concepto de reparación cubriría el precio de un respirador para ser utilizado en módulos de atención UCI de pacientes con COVID 19 más cuatro días de internación en un módulo de atención en UCI con ARM con pacientes con COVID-19, o un total de cuarenta días de internación en modulo de atención UCI con ARM de paciente con COVID 19″, sostuvo el fiscal.
En los hechos, la causa ya había quedado cerrada a partir de lo sellado con el fiscal, que decidió tomar como parámetro el valor de un respirador. “El monto ofrecido en concepto de reparación cubriría el precio de un respirador para ser utilizado en módulos de atención UCI de pacientes con COVID-19, más cuatro días de internación en un módulo de atención en UCI con ARM con pacientes con el virus global, o un total de cuarenta días de internación en módulo de atención UCI con ARM de paciente con COVID 19″, subrayó el jurisconsulto.
Según la vocería presidencial, Fernández está tramitando un crédito en el Banco Santander para pagar esa suma. Según su última declaración jurada, correspondiente al 2020, el Presidente tenía un patrimonio total de $5,7 millones, sumando todos sus bienes. Sin mayores ahorros, declaró apenas $13.362 de dinero en efectivo y bienes del hogar por $223.360. La donación acordada representa casi la mitad de ese patrimonio declarado. A muchos sectores de la población, más allá de la oposición política le cuesta creer estas cifras, y en especial no dan creen que el hecho de que las usinas de comunicación de Casa Rosada hayan hecho circular esa información, forma parte de una operación de prensa que, que un alto grado de demagogia, intenta hacer creer que el mandatario no puede solventar una cifra que para cualquier actividad de las que él -y su mesa chica realiza con fondos privados- (sin contar lo que se ahorran utilizando fondos estatales), es una módica suma.
Aunque esa cifra está desactualizada, porque ya pasó casi un año, esa es otra de las razones por las que según medios oficialistas, el Presidente comentó en su entorno que no tiene $3 millones para hacerse cargo de las dos donaciones. Desde el principio la finalidad de los abogados fue evitar la indagatoria de Fernández y la madre de su último hijo, Francisco. La estrategia se gestó a fines de 2021. Al terminar la feria judicial, fue la estilista de Yañez, Carolina Marafioti, quien a través de su abogado, Alejandro Rúa, ofreció una donación de $200 mil pesos. El “globo de ensayo” tuvo el acuerdo del fiscal Fernando Domínguez y abrió la puerta para la segunda etapa. Un plan que se debe haber pergeñado de manera conjunta, estiman abogados que conocen el accionar judicial.
Esta causa se inició en Comodoro Py, pero en septiembre del año pasado fue trasladada a San Isidro, cuando el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente y las partes decidieron no apelar. Fernández primero negó el hecho, e inclusive le echó la culpa en público a su compañera: “mi querida Fabiola, convocó a un brindis que no debió haberse hecho”, manifestó en un acto. En el plano de Poder judicial, en primer lugar, presentó un pedido de “falta de acción” firmado por él, pero luego comenzó a escuchar a sus abogados para terminar alineando un esquema de defensa junto al resto de los implicados.
Tres de los imputados, circularon esa noche con un certificado que no tenía validez legal. Uno de esos invitados era Sofía Pacchi, una de las mejores amigas de Yañez. Eran certificados para “circular y transitar” que entregaba el intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, amigo de Fernández. El dato surgió cuando la Jefatura de Gabinete respondió un pedido a la Justicia y reveló que cinco de los invitados no tenían un certificado de la aplicación CUIDAR, que sigue vigente, pese a los relajamientos y el desgaste de las medidas sanitarias.
Sigue pendiente una definición sobre el resto de los imputados. En el caso de Fernando Consagra, Emmanuel López y Santiago Basavilbaso, se ofrecieron sumas cercanas a los $250 mil y aguardan que se acepten como la de la pareja presidencial. Como justificación presentaron declaraciones juradas y contratos de alquiler. No se hizo lo mismo con Fernández y Yáñez.
Faltan presentaciones judiciales de otros de lo que estuvieron presentes esa noche. En el caso del colorista Federico Abraham, sus abogados, el camarista federal Jorge Ballestero y Pablo Slonimsqui, harían un ofrecimiento. Por su parte, el abogado de Stefanía Domínguez, Mauricio D’Alessandro, seguirá discutiendo en Tribunales con el fin de conseguir una declaración de inconstitucionalidad de los decretos firmados por el Presidente. El resto de los implicados son defendidos por el estudio de Fernando Burlando y si no hacen un ofrecimiento en los próximos días, podrían ir a una indagatoria, como entienden algunas fuentes judiciales, debería haber sido el caso del total de asistentes a la velada que potenció el desgaste de la figura presidencial.
Fuente: Juan Pablo Peralta desde Casa Rosada para la agencia internacional Globatium.com (@globatium), ECMC Noticias México-Argentina-España-Brasil-Bolivia-Ecuador-Estados Unidos (ecmcnoticiasmex), RCR Metro Barcelona (@RCRBarcelona), @kwradio_es, y FM Concierto (@105Concierto).
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