Las organizaciones sociales no oficialistas, nucleadas en la Unidad Piquetera, llevaron adelante este martes una fuerte movilización con reclamos dirigidos a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. La causa es que hubo unas 154.441 suspensiones de beneficiarios que dependen del programa Potenciar Trabajo. Algunos no habrían validado su identidad de manera virtual como titular del plan, como se pedía desde la cartera (algo que se podía hasta el 1 de febrero). Este lunes al ir al cajero automático, muchos comprobaron que se les había acreditado sólo el cincuenta por ciento de los haberes. El Estado nacional se los otorga por 20 horas semanales en una Unidad de Gestión cooperativas, que están bajo la égida de los movimientos sociales, tanto las que responden al Frente de Todos y las de izquierda, que en este caso salieron a las calles.
Según presiona el gobierno de Alberto Fernández, si hasta el 1 de marzo no completan el trámite serán dados de baja de manera definitiva. Por ahora 20.157 personas ya iniciaron el trámite, según números oficiales, a través de la página web de la cartera, dejando asentado el reclamo por haber sido excluidos del Potenciar Trabajo de forma irregular, ya que denuncian que no están comprendidos en ninguna incompatibilidad que marcó Tolosa Paz. La Secretaría de Economía Social, a cargo de Emilio Pérsico, es la que tiene la potestad de decidir la viabilidad de los reclamos. Algo incompatible e insólito, porque el dirigente es funcionario cabeza del Movimiento Evita, es decir que atiende de los dos lados del mostrador.
Los piquetes que hicieron las organizaciones abarcaron desde Tierra del Fuego a la Quiaca, señalaron los referentes sociales mediante un comunicado, y además ejecutaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cortes en arterias principales -desde las 9 de la mañana- en Puente Pueyrredón, Puente La Noria, Acceso Oeste y Panamericana.
El titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, expresó que “ya se han producido casi ciento sesenta mil suspensiones del plan Potenciar Trabajo por lo que estas familias se quedarán sin la mitad de sus ingresos y en marzo les bajarán la totalidad del monto”, y agregó que “nosotros pedimos que a esos compañeros se les haga el operativo de validación de identidad de manera presencial. Que el Estado vaya al barrio, que dejen de calentar sillones en los ministerios”.
El dirigente aseguró que “Tolosa Paz y Pérsico quieren que se caigan esos planes porque la mayor parte del presupuesto que se ahorra el Gobierno va al Fondo Monetario Internacional y el resto de la guita termina en máquinas y herramientas en las Unidades de Gestión que, en mayor porcentaje, son de los movimientos sociales oficialistas como el Evita y Somos Barrios de Pie”.
Para quienes se movilizaron, la validación presencial de identidad tiene como fundamentos “conocer las razones por las que no se realizó el trámite”, y que puede ser por falta de conectividad, fallecimiento, grave estado de salud, situaciones de máxima vulnerabilidad o que punteros, dirigentes o funcionarios “se hayan quedado con las tarjetas para cobrar ellos el plan”. Vale aclarar que esta última hipótesis es investigada por el juez federal Ariel Lijo.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social niegan todo. “Los titulares que validaron su identidad en Mi Argentina y cumplen con los requisitos del programa no fueron suspendidos. A los 154.441 titulares que aún no realizaron la validación se les abonará el 50% del importe correspondiente al mes de enero. Sin embargo, aún cuentan con la instancia de ‘validación fuera de plazo’, que será evaluada por la Secretaria de Economía Social y al día de la fecha 20.157 personas ya hicieron el reclamo”, argumentaron.
Los voceros de la ministra Tolosa Paz puntualizaron que “es importante que las organizaciones que integran la Unidad Piquetera vayan a buscar a los que no validaron. Se entiende que las organizaciones certificaban todos los meses a esas personas, por lo tanto las Unidades de Gestión de Unidad Piquetera tienen que poder llegar a los que no hicieron el proceso de validación”.
El problema va a extenderse, porque inclusive hay gente de organizaciones que integran el FdT que tampoco están cobrando y podrían ser dados de baja, algo que generaría un conflicto en medio de la crisis económica y política que atraviesa el país. El año electoral parece acumular problemas que agudizan el mal clima social, algo que la clase política parece no tener en cuenta.
Fuente: Juan Pablo Peralta desde Casa Rosada para la agencia internacional Globatium. Más información exclusiva de Balcarce 50 a través de Twitter en @JuamPaPeralta y en IG: @juanpabloperaltaperiodista
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