"Con el miedo reflejado fuera de cámara, volteando insistentemente hacia la puerta o la ventana del inmueble, como si alguien pudiera escucharnos o vernos, Nadia cerró la entrevista con un señalamiento concreto y contundente, indicando al probable responsable en caso que a ella, a su familia o sus amistades les sucediera algo…", reseña la televisora en su pagina web.
En la entrevista que mantuvo en noviembre del año último con el canal de TV Rompeviento, que se difunde por internet, Vera, quien vivía en Xalapa, capital de Veracruz, y había sido integrante de un grupo llamado "Yo soy 132", responsabiliza "a Javier Duarte Ochoa, gobernador del Estado, y a todo su gabinete, sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados" en la defensa de los derechos humanos.
La antropóloga, quien había sido golpeada por policías durante una protesta en noviembre de 2012, enumera los casos de asesinatos de otros periodistas y dirigentes humanitarios como el caso de Regina Martínez y Gregorio Gimenez -ambos en Veracruz- sin que el gobernador sufriera un "costo político de nada", ya que "no pasó nada".
"Llevamos cuatro periodistas asesinados y no pasó nada", insiste, y luego se pregunta: "¿cuántos activistas de derechos humanos han sido asesinados y desaparecidos en Veracruz y no pasó nada?".
Según su testimonio, esta situación "tiene que ver con el personaje que tenemos gobernando (en referencia a Duarte)", quien "no tiene un poco de vergüenza" porque "encima dice que somos el estado más seguro".
También refiere que en Veracruz "te agarran como mujer para la trata, te agarran como estudiante para el sicariato. Aquí el problema somos todos nosotros, que les estorbamos, tanto al gobierno como al narco".
"El narco, concretamente Los Zetas, tiene todo este estado manipulado: te cobran derecho de piso, te cobran por tener un bar, te cobran por trabajar", afirma Nadia Vera en otro momento de la entrevista.
Vera, Espinoza y otras tres mujeres fueron hallados asesinados el viernes último en un departamento del sur del Distrito Federal mexicano, y según la fiscalía todos fueron torturados antes de recibir un tiro de gracia.
Colectivos de periodistas, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales mostraron repudio y pidieron que una fiscalía especial tome la investigación, que está en manos de Procuraduría General de Justicia.
Además de las adhesiones de medios y gremios de prensa local, también se sumaron los de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la estatal Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México.
Fuente: Télam
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